Publicado el 30/05/2025 por Administrador
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Israel ha anunciado la construcción de 22 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, en lo que representa la mayor expansión territorial en esta región desde los Acuerdos de Oslo de 1993. La decisión, encabezada por los ministros israelíes de Defensa y Finanzas, ha desatado una tormenta de críticas globales y podría marcar un punto de no retorno en el ya deteriorado proceso de paz con Palestina.
El plan contempla la legalización de 12 puestos de avanzada que hasta ahora eran considerados ilegales incluso bajo la legislación israelí, la construcción de nueve nuevos asentamientos y la formalización de un barrio como asentamiento independiente. Con esto, el gobierno de Benjamín Netanyahu consolida una política que ha sido denunciada como anexión de facto por numerosas organizaciones de derechos humanos.
Los ministros defensores de la medida argumentan que se trata de una acción necesaria para fortalecer la soberanía israelí en Judea y Samaria —nombre bíblico utilizado por Israel para referirse a Cisjordania— y para evitar la creación de un Estado palestino. Alegan que existe un derecho histórico sobre estas tierras, una narrativa que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional.
Los efectos de esta política no se limitan a lo simbólico. Actualmente existen más de 140 asentamientos oficialmente reconocidos y unos 200 puestos de avanzada ilegales en Cisjordania. Con esta nueva medida, muchos de esos enclaves serán regularizados, legitimando un entramado de territorios ocupados que interrumpe la continuidad territorial palestina y dificulta su desarrollo económico y social.
La Autoridad Nacional Palestina ha condenado el anuncio como una provocación y un crimen contra el derecho internacional. Por su parte, Hamás lo ha considerado una escalada inaceptable en el conflicto. Países como Francia, Reino Unido y Canadá han expresado su preocupación y no descartan sanciones diplomáticas o económicas contra Israel si persiste en esta línea de acción.
El anuncio llega en un momento particularmente tenso. Desde 2023, tras el estallido del conflicto en Gaza, la violencia en Cisjordania se ha intensificado. Más de 970 palestinos han muerto y los enfrentamientos entre colonos armados y civiles palestinos se han multiplicado. La expansión de asentamientos en este contexto no solo profundiza la ocupación, sino que incrementa la inestabilidad en una región al borde del colapso humanitario.
Grupos como Peace Now y B’Tselem han denunciado que estas acciones equivalen a una limpieza étnica encubierta, que busca vaciar gradualmente Cisjordania de su población palestina mediante el acoso, el despojo de tierras y la creación de condiciones de vida insostenibles.
La comunidad internacional se enfrenta ahora a un dilema: dejar que la expansión continúe impunemente o actuar con firmeza para preservar lo poco que queda de una solución de dos Estados. La falta de consecuencias podría sentar un precedente peligroso y dar luz verde a futuras violaciones del derecho internacional.
La aprobación de estos nuevos asentamientos no es solo un acto de expansión territorial: es una declaración política de que la paz, tal como se ha concebido durante décadas, ya no es una prioridad. Y mientras tanto, sobre el terreno, son los civiles palestinos quienes pagan el precio de esta decisión con sus hogares, su dignidad y, muchas veces, sus vidas.
